Con la exportación de petróleo proveniente de la región amazónica, durante la década de los setenta, el Ecuador entró con fuerza en el mercado mundial y experimentó un acelerado proceso de consolidación de su Estado-nación. No porque se hubiera producido un cambio cualitativo en su condición de país exportador de materias primas, sino más bien por el creciente monto de los ingresos producidos por las exportaciones petroleras que ayudaron a dinamizar y ampliar la economía.
La bonanza petrolera de los setenta cando el Ecuador llevaba poco más de un año exportando petróleo, que empezó a fluir hacia el mercado mundial en agosto de 1972 a raíz de la cuarta guerra árabe-israelí (octubre de 1974), se produjo un primer y significativo reajuste de los precios del crudo en el mercado internacional. El crudo Oriente, que en agosto de 1972 se cotizó en 2,5 dólares por barril, subió en promedio a 4,2 dólares en 1973 y a 13,7 dólares en 1974. Este aumento de la valoración del petróleo amplió notablemente el flujo de recursos financieros, facilitando un crecimiento acelerado de la economía ecuatoriana, sin que sea necesario forzar un aumento de la producción petrolera. Aquí cabe mencionar la oportuna intervención del Estado que frenó la pretensión de la compañía Texaco, que quería incrementar y hasta duplicar la capacidad de transporte existente en ese entonces; de haberse cristalizado esta pretensión el ritmo de explotación de los campos amazónicos habría sido mucho mayor, con las consiguientes consecuencias ecológicas y aún económicas: mayor destrucción ambiental y social, así como quizás con un ritmo de endeudamiento externo más acelerado.
El auge petrolero y el masivo endeudamiento externo dieron lugar a una serie de cambios, los que, sin embargo, no se tradujeron en la superación de muchos de los problemas arrastrados de años atrás; por ejemplo, la pobreza no dejó de ser una constante en la sociedad ecuatoriana en todos estos años. Es más, con el petróleo aparecieron nuevas dificultades, que a la postre aflorarían en forma casi explosiva con una nueva "crisis de deuda externa" a partir de 1982. En otras palabras, mientras había suficientes ingresos externos no hubo necesidad de recurrir a los cambios que propusieron los militares en 1972.
Estos cambios como que perdieron su prioridad debido a la existencia de esos recursos financieros. Por ejemplo, no era necesario revisar las estructuras de precios internos de la gasolina para frenar el contrabando y el desperdicio energético, impidiendo, además, el surgimiento de una creciente brecha fiscal.
En esos años simplemente no se consideraba necesario un incremento de la presión tributaria; recuérdese que el propio dictador, general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), décadas después todavía se vanagloria que en su gobierno no se cobraban impuestos. Cualquier urgencia fiscal, cuando los ingresos del petróleo resultaban insuficientes o declinaban por razones coyunturales, se cubría con créditos externos.
En estas condiciones, cuando los recursos externos fluían con facilidad, el Estado, cuya presencia relativa aumentó en la economía, diseñó una serie de mecanismos destinados a subsidiar al sector privado. En este escenario se profundizó la política de industrialización vía sustitución de importaciones. La sumatoria de estas políticas expansivas, sin duda, significó enormes ganancias para los segmentos más acomodados del país, de relativo enriquecimiento para amplios grupos medios de la población y de ciertas ventajas para algunos sectores mayoritarios, tradicionalmente marginados.
Aunque estos últimos apenas recibían migajas del banquete petrolero, en el Ecuador había la sensación bastante generalizada de que el desarrollo se encontraba a la vuelta de la esquina y algunos hasta soñaban con El Dorado petrolero, que sigue aún motivando la creciente extracción de crudo a inicios del siglo XXI.
Fueron atenuadas por los programas de fomento a la industria y por la existencia de un esquema de protección arancelaria para la producción nacional. Entonces estaba vigente un paradigma diferente al actual, en el que predomina la apertura y la liberalización. Superado el auge petrolero con todas sus secuelas, los procesos de ajuste resultaron muy complejos y dolorosos: otra manifestación de dicha "enfermedad". En síntesis, fueron años de inusitado crecimiento económico, que transformaron especialmente en términos cuantitativos la economía nacional y que provocaron nuevas distorsiones. Aún cuando no había una masiva presión para forzar más la producción petrolera, la destrucción ambiental, social y cultural en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana fue devastadora. La sociedad no logró sentar las bases para su desarrollo durante la bonanza petrolera. El sistema rentista se profundizó de una manera compleja y hasta contradictoria, al tiempo que aumentó la capacidad de consumo internacional y nacional, pero no en la misma proporción la capacidad productiva doméstica.
Tampoco se logró consolidar un sector estatal y menos aún privado nacional con capacidad de asumir las tareas en el ámbito petrolero; ésta es una constatación que merecería un análisis detenido, considerando que no sólo es un fenómeno ecuatoriano, sino que también se ha repetido en casi todos los países exportadores de petróleo. En una economía dolarizada la entrada significativa de capitales tenderá a aumentar el crédito y la demanda internos, alentando la actividad productiva de bienes no transables, especialmente, e incrementando los pasivos externos; en cambio ante un déficit de cuenta corriente o una salida de capitales, la defensa de la dolarización conllevará la subida de las tasas de interés y la consecuente disminución de la actividad económica. Y estas fluctuaciones, en una economía que depende tanto del petróleo, serán extremadamente bruscas.
La respuesta será por el lado de las cantidades: caída de salarios, mayor desempleo, disminución de la producción, quiebra de empresas, tal como sucedió en Argentina con la convertibilidad, hermana gemela de la dolarización. En estas circunstancias, las exportaciones se verían obligadas a mejorar su competitividad despidiendo personal o reduciendo los salarios, así como forzando a cualquier costo la renta de la naturaleza, esto es con crecientes destrozos ambientales. Y estos destrozos se producirán inevitablemente con la ampliación de la frontera petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Para complementar este rápido análisis, no se puede dejar de mencionar que la región amazónica es tratada, en la práctica, como una periferia en el Ecuador y, por cierto, también en todos los países amazónicos, que son a su vez la periferia del sistema político económico mundial.
Esta realidad se manifiesta con absoluta claridad cuando se analizan las motivaciones, la lógica y las repercusiones de la actividad petrolera, que es vista como uno de los ejes estructurales de la llamada civilización occidental. En las actuales condiciones, simplemente desde una perspectiva ecológica, el "modelo occidental de desarrollo" resulta imposible de repetir y será hasta insostenible en poco tiempo. Si esto es así para el mundo en su conjunto, con mayor razón para una zona caracterizada por una elevada fragilidad ambiental, como la Amazonía. El modelo industrialista de progreso y bienestar del mundo occidental, en concreto sus formas de consumo y producción, sus estilos de vida, no son ni intergeneracionales ni internacionalmente generalizables. Es más, desde la perspectiva ecológica global, los países industrializados, con un alto desarrollo técnico y una gran acumulación de capital material, aparecen ahora como países subdesarrollados o mejor aún maldesarrollados, pues son justamente ellos los que más ponen en peligro la sostenibilidad del mundo.
Alberto Acosta extraído de: http://www.lainsignia.org/
La bonanza petrolera de los setenta cando el Ecuador llevaba poco más de un año exportando petróleo, que empezó a fluir hacia el mercado mundial en agosto de 1972 a raíz de la cuarta guerra árabe-israelí (octubre de 1974), se produjo un primer y significativo reajuste de los precios del crudo en el mercado internacional. El crudo Oriente, que en agosto de 1972 se cotizó en 2,5 dólares por barril, subió en promedio a 4,2 dólares en 1973 y a 13,7 dólares en 1974. Este aumento de la valoración del petróleo amplió notablemente el flujo de recursos financieros, facilitando un crecimiento acelerado de la economía ecuatoriana, sin que sea necesario forzar un aumento de la producción petrolera. Aquí cabe mencionar la oportuna intervención del Estado que frenó la pretensión de la compañía Texaco, que quería incrementar y hasta duplicar la capacidad de transporte existente en ese entonces; de haberse cristalizado esta pretensión el ritmo de explotación de los campos amazónicos habría sido mucho mayor, con las consiguientes consecuencias ecológicas y aún económicas: mayor destrucción ambiental y social, así como quizás con un ritmo de endeudamiento externo más acelerado.
El auge petrolero y el masivo endeudamiento externo dieron lugar a una serie de cambios, los que, sin embargo, no se tradujeron en la superación de muchos de los problemas arrastrados de años atrás; por ejemplo, la pobreza no dejó de ser una constante en la sociedad ecuatoriana en todos estos años. Es más, con el petróleo aparecieron nuevas dificultades, que a la postre aflorarían en forma casi explosiva con una nueva "crisis de deuda externa" a partir de 1982. En otras palabras, mientras había suficientes ingresos externos no hubo necesidad de recurrir a los cambios que propusieron los militares en 1972.
Estos cambios como que perdieron su prioridad debido a la existencia de esos recursos financieros. Por ejemplo, no era necesario revisar las estructuras de precios internos de la gasolina para frenar el contrabando y el desperdicio energético, impidiendo, además, el surgimiento de una creciente brecha fiscal.
En esos años simplemente no se consideraba necesario un incremento de la presión tributaria; recuérdese que el propio dictador, general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), décadas después todavía se vanagloria que en su gobierno no se cobraban impuestos. Cualquier urgencia fiscal, cuando los ingresos del petróleo resultaban insuficientes o declinaban por razones coyunturales, se cubría con créditos externos.
En estas condiciones, cuando los recursos externos fluían con facilidad, el Estado, cuya presencia relativa aumentó en la economía, diseñó una serie de mecanismos destinados a subsidiar al sector privado. En este escenario se profundizó la política de industrialización vía sustitución de importaciones. La sumatoria de estas políticas expansivas, sin duda, significó enormes ganancias para los segmentos más acomodados del país, de relativo enriquecimiento para amplios grupos medios de la población y de ciertas ventajas para algunos sectores mayoritarios, tradicionalmente marginados.
Aunque estos últimos apenas recibían migajas del banquete petrolero, en el Ecuador había la sensación bastante generalizada de que el desarrollo se encontraba a la vuelta de la esquina y algunos hasta soñaban con El Dorado petrolero, que sigue aún motivando la creciente extracción de crudo a inicios del siglo XXI.
Fueron atenuadas por los programas de fomento a la industria y por la existencia de un esquema de protección arancelaria para la producción nacional. Entonces estaba vigente un paradigma diferente al actual, en el que predomina la apertura y la liberalización. Superado el auge petrolero con todas sus secuelas, los procesos de ajuste resultaron muy complejos y dolorosos: otra manifestación de dicha "enfermedad". En síntesis, fueron años de inusitado crecimiento económico, que transformaron especialmente en términos cuantitativos la economía nacional y que provocaron nuevas distorsiones. Aún cuando no había una masiva presión para forzar más la producción petrolera, la destrucción ambiental, social y cultural en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana fue devastadora. La sociedad no logró sentar las bases para su desarrollo durante la bonanza petrolera. El sistema rentista se profundizó de una manera compleja y hasta contradictoria, al tiempo que aumentó la capacidad de consumo internacional y nacional, pero no en la misma proporción la capacidad productiva doméstica.
Tampoco se logró consolidar un sector estatal y menos aún privado nacional con capacidad de asumir las tareas en el ámbito petrolero; ésta es una constatación que merecería un análisis detenido, considerando que no sólo es un fenómeno ecuatoriano, sino que también se ha repetido en casi todos los países exportadores de petróleo. En una economía dolarizada la entrada significativa de capitales tenderá a aumentar el crédito y la demanda internos, alentando la actividad productiva de bienes no transables, especialmente, e incrementando los pasivos externos; en cambio ante un déficit de cuenta corriente o una salida de capitales, la defensa de la dolarización conllevará la subida de las tasas de interés y la consecuente disminución de la actividad económica. Y estas fluctuaciones, en una economía que depende tanto del petróleo, serán extremadamente bruscas.
La respuesta será por el lado de las cantidades: caída de salarios, mayor desempleo, disminución de la producción, quiebra de empresas, tal como sucedió en Argentina con la convertibilidad, hermana gemela de la dolarización. En estas circunstancias, las exportaciones se verían obligadas a mejorar su competitividad despidiendo personal o reduciendo los salarios, así como forzando a cualquier costo la renta de la naturaleza, esto es con crecientes destrozos ambientales. Y estos destrozos se producirán inevitablemente con la ampliación de la frontera petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Para complementar este rápido análisis, no se puede dejar de mencionar que la región amazónica es tratada, en la práctica, como una periferia en el Ecuador y, por cierto, también en todos los países amazónicos, que son a su vez la periferia del sistema político económico mundial.
Esta realidad se manifiesta con absoluta claridad cuando se analizan las motivaciones, la lógica y las repercusiones de la actividad petrolera, que es vista como uno de los ejes estructurales de la llamada civilización occidental. En las actuales condiciones, simplemente desde una perspectiva ecológica, el "modelo occidental de desarrollo" resulta imposible de repetir y será hasta insostenible en poco tiempo. Si esto es así para el mundo en su conjunto, con mayor razón para una zona caracterizada por una elevada fragilidad ambiental, como la Amazonía. El modelo industrialista de progreso y bienestar del mundo occidental, en concreto sus formas de consumo y producción, sus estilos de vida, no son ni intergeneracionales ni internacionalmente generalizables. Es más, desde la perspectiva ecológica global, los países industrializados, con un alto desarrollo técnico y una gran acumulación de capital material, aparecen ahora como países subdesarrollados o mejor aún maldesarrollados, pues son justamente ellos los que más ponen en peligro la sostenibilidad del mundo.
Alberto Acosta extraído de: http://www.lainsignia.org/
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